Pues nada ya tenemos otra Navidad, y como tal nos toca desear felicidad a todo con el que nos encontremos, irnos de comida hasta con quien menos nos apetezca porque hay que ir, comprar el famoso numerito de la lotería por cierto no me ha tocado nada, y en el bar tan poco me tenían ningún sobre vaya con la publicidad.
No quiero que nadie piense que estoy en contra de la Navidad, en absoluto, lo que si me molesta es que después de tantos años (y tengo algunos pocos), desde que tengo uso de razón recuerdo estas fechas por los programas de radio recogiendo juguetes para los niños "pobres", recogiendo caramelos para la cabalgata de reyes que la buena gente dona generosamente, realizando conciertos y festivales benéficos para los "más necesitados". Y aunque han pasado años esto sigue igual, y me molesta porque concluyo que entonces no hemos avanzado en derechos, para cubrir necesidades que son básicas.
Hoy aún tenemos esos niños pobres para que no se queden sin juguete, esas familias sin comida que tienen que acudir a la gran recogida de alimentos, y me da que gran parte de la sociedad ve esto como normal, porque total estamos en Navidad.
Posiblemente como dice la bloguera y trabajadora social Belén Navarro, con esta entrada me estoy metiendo en algunos charcos, que no sé como podré salir, pero si no lo digo reviento y no es cuestión, que aún me quedan algunas comidas. Pero para ¿cuando una Navidad donde no se tenga que recoger comida, ni juguetes?
Aunque no tiene que ser Navidad para que ésto ocurra, tristemente es el día a día de una realidad que endulzamos por Navidad, pero que para miles de familias seguirá igual a partir del 7 de enero, y ya no estaremos en Navidad.
A todas y todos FELICES FIESTAS.
lunes, 22 de diciembre de 2014
martes, 9 de diciembre de 2014
Renta Básica – Rentas Mínimas de Inserción
Hablar de Renta Básica y de
Rentas Mínimas de Inserción para algunos será lo mismo, pero es importante
establecer de entrada que son dos conceptos dispares. Aunque en algunos sitios
incluso se hayan aprobado leyes denominadas de Renta Básica, que lo que vienen
a plantear en el fondo son rentas mínimas dirigidas a intervenir sobre la
exclusión.
Por ejemplo la más reciente de la
Comunidad de Extremadura (Ley 31/2013, de 21 de mayo de Renta Básica de
Inserción), donde en su artículo 1 a la hora de definir la ley específica
exactamente de qué se trata: “El objeto de la presente ley es determinar y
regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el acceso al
derecho subjetivo a la Renta Básica Extremeña de Inserción, destinada a cubrir las necesidades básicas
de quienes se encuentran en situación de exclusión o riesgo de exclusión, y a
promover su integración social y laboral.”
Si continuamos su lectura en el
artículo 3 se indica que tendrá una duración determinada y que los
beneficiarios tendrán que tener una participación activa en sus itinerarios de
inserción. Por lo que aunque en su título se hable de Renta Básica, no estamos
ante una ley de estas características.
La Renta Básica como concepto
amplio, viene a establecerse como derecho que tendría cualquier ciudadano
simplemente por serlo, de cara a recibir una cantidad periódica para cubrir sus
necesidades. Tal y como se recoge en la actual Iniciativa Legislativa Popular
por una Renta Básica, que en estos momentos se encuentra en marcha y que fue
presentada en el Congreso de los Diputados el 15 de enero, y aprobada con fecha
del 14 de marzo, indicándose en su artículo 1: “Derecho a la Renta Básica. Se
establece el derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir
una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. La Renta Básica se
constituye como derecho individual, universal e incondicional.”
En otras cuitas nos situamos
cuando hablamos de Rentas Mínimas de Inserción, que denominadas de una forma o
de otra en la actualidad las comunidades autónomas vienen desarrollándola. Habiéndose
presentado recientemente el Informe correspondiente al año 2013 del que podemos
destacar que:
-
la edad
mínima suele ser de 25 años,
-
exigen a
la unidad de convivencia o familiar un período de existencia que suele ser de 6
a 12 meses,
-
en cuanto
al requisito de empadronamiento y tiempo de residencia, suele ser de 12 a 24
meses,
-
con una
cuantía media de 418,58 euros, lo que significa una reducción del 0,5% con
respecto al año anterior,
-
llegándose
a 258.048 personas con prestación, un 18,89% más que el año anterior. Que si
los añadimos a las 379.165 personas que dependen de ellos, nos sitúa en 637.573
las personas que se benefician,
-
siendo el
grupo de edad mayoritario el situado entre los 35 y 44 años edad,
-
con un
predominio de estudios primarios en cuanto a su nivel académico.
Siendo
muy interesante el comprobar que nombre le ha ido dando cada comunidad a esta
renta, ya que nos acerca posiblemente a la forma que han tenido respecto a cómo
abordar y enfocar los procesos de inclusión social. Por ejemplo sólo el País
Vasco tiene integrado su sistema de información de rentas mínimas con otros
sistemas como el de empleo.
miércoles, 12 de noviembre de 2014
Presupuestos 2015, lejos de la realidad
Recientemente se han presentado los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año 2015, y cuando se entra a ver sus partidas, aquellas que de manera más intensa y directa forman parte del Sistema de Servicios Sociales, uno no puede sino que sentir preocupación.
Desde el año 2012 que fue el año en que mayor importe se dedicó al sistema con más de 1.890 millones de euros, las partidas en su conjunto no han hecho sino que disminuir, llegando a las presentadas para el 2015 que se quedan en los 1.761 millón de euros, y aunque existe una leve subida con respecto al 2014 de un 0,05% se encuentran muy lejos de llegar a las cifras del 2012, habiéndose perdido en estos tres años un 6,87% que en valores absolutos suponen más de 130 millones de euros.
Si se echa una mirada atrás y se toma como referencia algunas variables no se puede sino que sorprender de cómo se puede pensar que se va a intervenir sobre las necesidades que los ciudadanos expresan y padecemos.
Desde el año 2012 que fue el año en que mayor importe se dedicó al sistema con más de 1.890 millones de euros, las partidas en su conjunto no han hecho sino que disminuir, llegando a las presentadas para el 2015 que se quedan en los 1.761 millón de euros, y aunque existe una leve subida con respecto al 2014 de un 0,05% se encuentran muy lejos de llegar a las cifras del 2012, habiéndose perdido en estos tres años un 6,87% que en valores absolutos suponen más de 130 millones de euros.
Si se echa una mirada atrás y se toma como referencia algunas variables no se puede sino que sorprender de cómo se puede pensar que se va a intervenir sobre las necesidades que los ciudadanos expresan y padecemos.
- En 2012 los andaluces que indicaban tener dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes llegaba al 42,6% en el 2013 (último dato conocido) esta cifra llegó al 46,4%.
- En 2012 los andaluces que tenían retrasos en el pago de su vivienda principal era del 8,4% y en 2013 del 9,3%, casi un punto más.
- El próximo 1 de julio de 2015 más de 60.000 andaluces valorados con grado I de Dependencia tendrán que entrar en el sistema
- En 2012 se realizaron en Andalucía más de 8.000 desahucios de manera positiva, en lo que llevamos de 2014 según los datos conocidos del primer semestre ya se ha llegado a los 4.000.
Se podía seguir facilitando información que va configurando una radiografía ciudadana, que visto lo visto parece que algunos o no conocen o no se encuentra entre sus prioridades. Donde además se mantiene en una constante inestabilidad y precariedad a un Sistema de Servicios Sociales con una reforma retrasada a diciembre de 2015, por aquello del miedo a lo que pudiera pasar en los próximos encuentros electorales.
Estas cifras como digo tan preocupantes, y que en todo caso van a servir para mantener la actual realidad y difícilmente atajar los problemas estructurales que sufrimos los ciudadanos, son fiel ejemplo de las políticas de recorte y llamadas de austeridad que nos imponen desde el gobierno central y desde la troika. Más preocupados en el cobro de unos intereses de la deuda, donde en muchos de los casos no sabemos aún para que han servido, o en grandes titulares de macro economía.
Es necesario que las distintas administraciones en sus diferentes niveles, se dejen de tirar los trastos a la cabeza exculpándose de sí mismo y echando balones fuera, ya sabemos aquello del tú más, y ante la situación de emergencia social, desarrollar y poner en marcha un plan que de manera coordinada y directa vaya al centro de las preocupaciones y necesidades ciudadanas. Porque al fin y al cabo un presupuesto no es sino establecer prioridades, siendo consciente de que los recursos son finitos y que las necesidades son muchas, pero efectivamente ¿esto es lo mejor que se puede hacer?
(Publicado en Revista El Observador)
Estas cifras como digo tan preocupantes, y que en todo caso van a servir para mantener la actual realidad y difícilmente atajar los problemas estructurales que sufrimos los ciudadanos, son fiel ejemplo de las políticas de recorte y llamadas de austeridad que nos imponen desde el gobierno central y desde la troika. Más preocupados en el cobro de unos intereses de la deuda, donde en muchos de los casos no sabemos aún para que han servido, o en grandes titulares de macro economía.
Es necesario que las distintas administraciones en sus diferentes niveles, se dejen de tirar los trastos a la cabeza exculpándose de sí mismo y echando balones fuera, ya sabemos aquello del tú más, y ante la situación de emergencia social, desarrollar y poner en marcha un plan que de manera coordinada y directa vaya al centro de las preocupaciones y necesidades ciudadanas. Porque al fin y al cabo un presupuesto no es sino establecer prioridades, siendo consciente de que los recursos son finitos y que las necesidades son muchas, pero efectivamente ¿esto es lo mejor que se puede hacer?
(Publicado en Revista El Observador)
miércoles, 22 de octubre de 2014
Hablando de Pobreza
Si desde que estalló la crisis hay un término que se ha
comenzado a utilizar con mayor asiduidad ese es el de pobreza. Concretamente el pasado 17 de octubre se
celebraba el Día Internacional para la Erradicación de la pobreza, un día institucionalizado
que se viene celebrando desde 1993 (resolución 47/1996),
para denunciar la situación de miles de personas que no disponen de unos
recursos mínimos para cubrir sus necesidades.
En más de una ocasión he escuchado algún contertulio de
estos que van de programa en programa de televisión y saben de todo, en poner
en duda que en España exista pobreza y de alguna manera ridiculizar o intentar
minimizar estas denuncias, con que esto no es Africa y aquí los niños no mueren
de hambre por la calle. Me parece un planteamiento tan falto de rigurosidad y
populista, pero que se encuentra acorde con las personas que lo plantean.
Para establecer que personas se encuentran en el umbral de
riesgo de pobreza en España, para el año 2013 se determinó el tener unos
ingresos mínimos anuales, en hogares de una persona de 8.114 euros, y en
hogares de dos adultos y dos niños de 17.040 euros. Esto nos viene a decir que
esa persona que vive sola con esos ingresos mínimos dispone de 676,16 euros
mensuales para todos sus gastos, los gastos que todos tenemos que afrontar:
vivienda, comida, ropa, luz, teléfono, agua, saneamiento, ocio, impuestos, …. A esos magníficos contertulios y a otros
muchos más, habría que dejarles durante un mes no mucho más, que vivieran con
esos 676,17 euros y que luego nos contaran…
Donde además se puede comprobar por la gráfica como el mínimo de umbral de pobreza se ha ido disminuyendo desde que estalló la crisis en 2008.
Elaboración Propia. Fuente: Instituto Nacional de
Estadística
Opino que es un tema lo suficientemente serio, para que no
se banalice ni se intente confundir a la ciudadanía, la realidad es la que es,
cada vez hay más pobres pero a la vez somos también más pobres.
Según el último informe de Condiciones de vida publicado por
el INE, los ingresos anuales por hogar de 2012 con relación a los ingresos de
2008, justamente el período que llevamos de crisis han disminuido en España un
11%, de los casi treinta mil euros de 2008 se ha pasado a algo más de
veintiséis mil en 2012.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Según ese mismo informe el 40% de los parados se encontraban
en riesgo de pobreza, o sea que podemos estar hablando que unos dos millones
cuatrocientas mil personas se encuentran en ésta situación.
Cuando ahora vemos los gastos que los famosos consejeros de
Caja Madrid realizaban con las tarjetas “negra”, esos 676,16 euros necesarios
mínimos que marcan el que una persona sea pobre o no y con los que tienen que
vivir un mes completo, ellos se lo “cepillaban” casi a diario en comer en un
restaurante de cinco tenedores, en comprar lencería, o en masajes.
Posiblemente sean estos los que nos dicen que en España no
existen pobres, y que el que no trabaja es porque no quiere y le gusta vivir de
los subsidios, y que hay que seguir bajando los salarios porque no tenemos
competitividad, y tendrán niños apadrinados del tercer mundo, recogerían dinero
el día de la banderita y participarían pegándose golpes de pecho en cuantas más
actividades de beneficencia mejor, porque ese es su concepto de la pobreza …. Por
eso también me rebelo cuando veo a tanto político poniendo en marcha proyectos
que en el fondo vienen a mantener la
pobreza, proyectos de caridad y benefactores, porque ésta sólo desaparecerá
cuando exista un justo reparto de la riqueza.
(Publicado en Revista El Observador)
(Publicado en Revista El Observador)
martes, 14 de octubre de 2014
Déjà Vu - 0,7%
Igual no es muy original el titular de ésta entrada, pero no encontraba una expresión más acertada y posiblemente también bastante conocida, para expresar las sensaciones que hoy tenía cuando he recibo la convocatoria que desde la Coordinadora de ONGD en Málaga, enviaban recordando la concentración para el próximo viernes 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Al recibirla me ha venido ese Déjà Vu, (esto ya lo he vivido antes). Porque se aludía a los veinte años que ahora se cumplen de la campaña que a nivel estatal mantuvo en jaque a los gobernantes de aquel momento en reivindicación del 0,7%, con acampadas en cientos de localidades españolas, con manifestaciones casi diarias, con caceroladas, con recogidas de firmas, .... donde al final se consiguió arrancar el compromiso del gobierno para llegar a ese objetivo.
Y aunque los fondos fueron aumentando, llegó el 2010 donde no es que se congelaran, es que como dice la convocatoria han llegado "a su mínima expresión", de ahí el nombre de la campaña 20 años Sin 0,7.
Allí nos veremos ....
Al recibirla me ha venido ese Déjà Vu, (esto ya lo he vivido antes). Porque se aludía a los veinte años que ahora se cumplen de la campaña que a nivel estatal mantuvo en jaque a los gobernantes de aquel momento en reivindicación del 0,7%, con acampadas en cientos de localidades españolas, con manifestaciones casi diarias, con caceroladas, con recogidas de firmas, .... donde al final se consiguió arrancar el compromiso del gobierno para llegar a ese objetivo.
Y aunque los fondos fueron aumentando, llegó el 2010 donde no es que se congelaran, es que como dice la convocatoria han llegado "a su mínima expresión", de ahí el nombre de la campaña 20 años Sin 0,7.
Allí nos veremos ....
lunes, 29 de septiembre de 2014
¿Suben o baja?
Hace unos días se anunciaba que la vivienda subía por primera vez desde 2008, cuando la burbuja explotó. En los tiempos que corren y con la que nos está cayendo, que algo suba y que no sea el paro, la pobreza, las listas de espera en salud, los desahucios, … se considera una buena noticia, si además se plantea como algo positivo, cuestión que debiéramos de verla con más calma.
Si profundizamos en la noticia, vemos que este dato lo anunciaron los registradores indicando que era en un 0,97%, pero a la vez el INE también daba una subida aunque del 0,8%. La sorpresa pudiera venir porque también se publicaba lo contrario, en este caso por parte de TINSA con bajada del 4,4%, del Ministerio de Fomento bajada del 2,9% y los notarios bajada del 10%.
Nadie mentía y todos decían la verdad, la diferencia la tenemos que encontrar en las variables que tienen en cuenta unos y otros, a la hora de hacer los cálculos. Lo que sí parece que a vista de estos datos y otros informes que están surgiendo, es que no se puede lanzar las campanas al aire y pensar que nuevamente podemos seguir haciendo de la construcción de vivienda un “negocio especulativo”, aunque a muchos les encantaría.
En España tenemos, según el último censo del año 2011, 25.208.623 viviendas, con un incremento de 4.262.069 (un 20,3%) en una década. El 71,7% de las viviendas son principales, el 14,6% son secundarias y el 13,7% están vacías.
Donde estas viviendas vacías han aumentado en una década en un 10,8%, llegándose en el último censo a los 3.443.365. De ellas, 637.221 estaban en Andalucía y más concretamente en Málaga se llegaba a las 120.611.
Y habría que recordar también otro dato, el 21,4% de las viviendas vacías están en edificios construidos en los últimos diez años, o sea en el famoso boom inmobiliario-especulativo que nos ha hecho estar donde estamos.
Ante esta realidad, en la que habría que tener en cuenta la caída de la natalidad, la menor población en edad para trabajar y el regreso de miles de inmigrantes a sus países de origen, donde todo ello no viene sino a disminuir la demanda, y cuando el ministerio indicaba a final de año que existía un exceso de vivienda sin vender de 650.000 inmuebles, considerar que se puede seguir utilizando la vivienda como motor económico es algo muy cuestionable.
Pero no solamente es cuestionable desde el punto de vista económico, sino que es inaceptable que se quiera seguir utilizando un derecho ciudadano, para el enriquecimiento de algunos y la especulación financiera de grandes corporaciones, sin ningún interés en el bienestar de los ciudadanos. Un recurso básico y clave para la inclusión social, reconocido y avalado jurídicamente a todos los niveles.
Si nuevamente pensamos que a través de la construcción de vivienda es como saldremos de esta crisis, creo que no se ha aprendido nada, o si pero les da igual…
(Publicado en Revista El Observador)
Si profundizamos en la noticia, vemos que este dato lo anunciaron los registradores indicando que era en un 0,97%, pero a la vez el INE también daba una subida aunque del 0,8%. La sorpresa pudiera venir porque también se publicaba lo contrario, en este caso por parte de TINSA con bajada del 4,4%, del Ministerio de Fomento bajada del 2,9% y los notarios bajada del 10%.
Nadie mentía y todos decían la verdad, la diferencia la tenemos que encontrar en las variables que tienen en cuenta unos y otros, a la hora de hacer los cálculos. Lo que sí parece que a vista de estos datos y otros informes que están surgiendo, es que no se puede lanzar las campanas al aire y pensar que nuevamente podemos seguir haciendo de la construcción de vivienda un “negocio especulativo”, aunque a muchos les encantaría.
En España tenemos, según el último censo del año 2011, 25.208.623 viviendas, con un incremento de 4.262.069 (un 20,3%) en una década. El 71,7% de las viviendas son principales, el 14,6% son secundarias y el 13,7% están vacías.
Donde estas viviendas vacías han aumentado en una década en un 10,8%, llegándose en el último censo a los 3.443.365. De ellas, 637.221 estaban en Andalucía y más concretamente en Málaga se llegaba a las 120.611.
Y habría que recordar también otro dato, el 21,4% de las viviendas vacías están en edificios construidos en los últimos diez años, o sea en el famoso boom inmobiliario-especulativo que nos ha hecho estar donde estamos.
Ante esta realidad, en la que habría que tener en cuenta la caída de la natalidad, la menor población en edad para trabajar y el regreso de miles de inmigrantes a sus países de origen, donde todo ello no viene sino a disminuir la demanda, y cuando el ministerio indicaba a final de año que existía un exceso de vivienda sin vender de 650.000 inmuebles, considerar que se puede seguir utilizando la vivienda como motor económico es algo muy cuestionable.
Pero no solamente es cuestionable desde el punto de vista económico, sino que es inaceptable que se quiera seguir utilizando un derecho ciudadano, para el enriquecimiento de algunos y la especulación financiera de grandes corporaciones, sin ningún interés en el bienestar de los ciudadanos. Un recurso básico y clave para la inclusión social, reconocido y avalado jurídicamente a todos los niveles.
Si nuevamente pensamos que a través de la construcción de vivienda es como saldremos de esta crisis, creo que no se ha aprendido nada, o si pero les da igual…
(Publicado en Revista El Observador)
lunes, 1 de septiembre de 2014
PIRANJI
Perteneciente al Estado de Ceara en Brasil y dentro de la
provincia de Fortaleza, se encuentra lo que en términos españoles podríamos
llamar el pueblo de Piranji. Del que parte lo que llaman “travesía”, donde a lo
largo de más de 30 kilómetros nos encontramos con pequeños grupos de casas,
casas en solitario, otras abandonadas, e incluso una fábrica de quesos. Que hay
que recorrer por un camino sin asfaltar y muy árido, con el polvo que se
incrusta hasta donde no nos podemos ni imaginar. En donde la crudeza de un
clima desértico, un inmenso calor durante el día y cierto fresco durante la
noche, hace que las personas que moran en este lugar lejos de los beneficios de
la gran ciudad, sean para mí realmente unos héroes.
Durante cuatro días he tenido la posibilidad de convivir con
ellos, aunque obviamente dentro de los límites del tiempo, de que era un
“invitado”, y de que no estoy preparado ni para soportar estas temperaturas ni
para defenderme de manera adecuada en esta realidad.
Por aquello de la deformación profesional siempre que llego
a un sitio intento observar e informarme de las condiciones sociales, como está cubierta la educación, la salud y
como no la atención social, nuestros “servicios sociales”. He podido comprobar
cómo se valora positivamente por éstas personas el que a través del programa
por el que médicos cubanos están cubriendo estas zonas del interior, ahora
pueden tener atención sanitaria, con todas las deficiencias que se plantean
pero por lo menos disponen de un médico que les atiende y les puede facilitar
un diagnóstico, tratarles con algún medicamento, en definitiva sentirse
atendidos cuando tienen un problema de salud.
Para acudir a la escuela los menores tienen que recorrer a
veces grandes distancias, pero no tienen que hacerlo andando sino que disponen
de un autobus, por aquí se llama topiqui si son pequeños, que les va recogiendo, y como no a
cualquier otra persona que pasa por el camino, la falta de medios de
transportes es impresionante y ante estas temperaturas un coche aunque sea el
de la escuela, tiene más funciones que la de sólo recoger a los menores, en
definitiva consiste en optimizar los recursos.
En cuanto a la atención social el gobierno ha establecido lo
que aquí denominamos un salario social, con sus luces y sus sombras. Para
algunos son los únicos recursos que reciben durante el mes, junto a lo que
llaman la bolsa de escuela siempre que se comprometan a llevar a los menores al
colegio. Para otros esto ha venido a que muchas personas dejen de trabajar en
la tierra y con los animales, lo que traerá consecuencias en un futuro.
Han sido muchos los momentos que podría destacar, pero si me
sorprendió la naturalidad con que chicos ya mayores, por encima de los 14 o 15
años, donde su único divertimento es jugar al fútbol, se ponían
a jugar con un grupo de chicas de la misma edad, las cuáles vivían de manera
intensa el juego. Intentaba comparar con los chicos españoles (europeos), de lo
que conozco, y se me hace difícil. Por aquí están cambiando las cosas …
jueves, 7 de agosto de 2014
miércoles, 23 de julio de 2014
¿Qué es eso del Plan Concertado?
Últimamente y sobre todo desde
que se anunció la reforma de la administración local en lo que a competencias
se refiere, con la posterior aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El Plan
Concertado ha saltado a la palestra, y me parece fundamental por su
trascendencia que lo traiga a esta colaboración, cuando llegamos a sus
veintiséis años de existencia.
El 18 de junio de 1988, se
publicaba el Convenio-Programa entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo
de prestaciones básicas de Servicios Sociales en las Corporaciones Locales. Tal
y como se indicaba en dicho convenio la finalidad no era otra que “lograr la colaboración entre la
Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
financiar conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales
que permita garantizar unas prestaciones básicas a los ciudadanos en situación
de necesidad.” Recogiendo en su apartado segundo lo que se considerarían
como prestaciones básicas de los
Servicios Sociales:
a)
información y orientación
b)
ayuda a domicilio
c)
prevención e inserción
d)
y alojamiento y convivencia
Este conjunto de prestaciones
básicas es lo que configura el Plan Concertado de Servicios Sociales.
Lo que hoy nos puede parecer algo
“normal”, e incorporado a la vida cotidiana de cualquier ciudadano que tenga
una necesidad, supuso un salto cualitativo-cuantitativo y sobre todo en el
campo de los derechos sociales, ya que venía a modificar la acción social en
España. Se empiezan, pues, a configurar
los servicios sociales como un sistema público y organizado de protección
social, superador de las tradicionales formas de intervención social, del todo
paliativas y no recuperadoras, marginadoras y no integradoras, que aspira a la
universalización de los servicios y prestaciones sociales en el marco de un
Estado de Bienestar. (Muñoz, A. 2012).
Como decía, hoy 26 años después,
no es muy arriesgado decir que este Plan Concertado en cuanto a su financiación
tiene los días contados. Sin que se haya planificado una fórmula alternativa y
real para hacerlo viable, donde hacer viable el Plan Concertado es hacer viable
el Sistema Público de Servicios Sociales, ya que configura la columna vertebral
del mismo.
El convenio firmado en 1988 entre
el Ministerio y la Comunidad, viene asegurar un compromiso institucional de
ambas administraciones para su financiación, pero como podemos ver por la
gráfica y el cuadro que recoge la distribución de la financiación para la
provincia de Málaga, ha bastado que llegara la actual crisis para que el Sistema
de Servicios Sociales fuera de los más perjudicados en cuanto a los recortes
producidos. Con un recorte del 47% del año 2010 al año 2013.
Ministerio
|
Junta Andalucía
|
Total
|
|
Año 2008
|
2.769.684,16
|
7.992.916,46
|
10.762.600,62
|
Año 2009
|
2.801.255,56
|
8.250.016,71
|
11.051.272,27
|
Año 2010
|
2.801.255,56
|
8.299.516,81
|
11.100.772,37
|
Año 2011
|
2.522.779,76
|
8.445.439,83
|
10.968.219,59
|
Año 2012
|
1.374.412,15
|
8.445.439,83
|
9.819.851,98
|
Año 2013
|
799.536,97
|
6.766.659,45
|
7.566.196,42
|
(Fuente: BOJA publicación distribución
de créditos, provincia de Málaga, año 2008 a 2013)
Con esta realidad a nadie debiera
de extrañar que una de las noticias estrella del verano este siendo que existan
comedores para que los menores malagueños, puedan tener resuelta una necesidad
tan básica como es la alimentación.
Con un Plan Concertado herido de
muerte, debido a la falta de financiación, y con medidas parciales que se están
publicando de inclusión y empleo, con falta de coordinación no sólo entre ellas
sino también entre las diferentes administraciones que la tienen que poner en
marcha, tenemos que seguir insistiendo y exigiendo en la necesidad de
fortalecer el Sistema Público de Servicios Sociales, como garante desde hace
veintiséis años de la universalización de servicios y prestaciones para
cualquier persona.
(Publicado en Revista El Observador)
miércoles, 25 de junio de 2014
La sangría de desahucios continúa
Se ve que con tanta abdicación,
tanta coronación y tanto mundial, los datos que se publicaron hace una semana
respecto a los desahucios producidos en el primer trimestre de este año 2014,
por parte del Consejo General del Poder Judicial, me da la sensación que han
quedado un poco desapercibido y eso que vienen a demostrar un panorama bastante
desolador.
Estos datos ponen de manifiesto
no sólo que los desahucios no han disminuido en Andalucía, sino que por el
contrario han alcanzado la mayor cifra desde el 2008 al comparar el mismo
período, el primer trimestre de cada uno de estos años desde el 2008 al 2014.
Aunque hay que indicar que han sido sólo las comunidades de Andalucía,
Extremadura y Murcia las que han experimentado en este primer trimestre de
2014, el mayor número de desahucios positivos, desde 2008.
Como se puede apreciar por el
gráfico, en este primer trimestre con respecto al primer trimestre de 2013, el
número de lanzamientos positivos ha experimentado un incremento del 14,05%.
Donde hay que recordar que el concepto “lanzamientos positivos”, se refiere
aquellos desahucios en los que el servicio común ha podido practicar el
lanzamiento acordado por el juzgado, según explica el propio Consejo General
del Poder Judicial. Con lo cual no estamos hablando de posibles desahucios, en
donde no conocemos el resultado, sino desahucios que se han llevado a la
práctica.
Si profundizamos un poco más en
los datos y los vemos estos por cada una de las provincias andaluzas, sigue
siendo Málaga la que encabeza espectacularmente el ranking, representando más
del 35,24% del total de los desahucios positivos realizados durante este primer
trimestre del año. Llegándose alcanzar la cifra de 10.022 desahucios positivos
desde el 2008 hasta final de marzo de 2014. Donde los 701 desahucios realizados
en el primer trimestre, es una cifra que no se había alcanzado en estos últimos
seis años, lo que nos debe llevar a preguntarnos que puede estar pasando.
Ante esta situación cada vez se
hace más urgente el que las administraciones públicas, a todos los niveles, de
manera acuciante pongan en marcha mecanismos suficiente no sólo para atender
aquellas familias que junto a su entorno, tienen que afrontar el dejar su
vivienda. Sino además desarrollar proyectos e intervenciones de cara a prevenir
lo que aún puede quedar por llegar.
Se debe de superar la ayuda
económica de emergencia en aquellos ayuntamientos que aún puedan disponer de
recursos económicos, y cuando la familia reúna los criterios que establecen los
diferentes reglamentos que desarrollan estas ayudas. Porque aunque sea
reiterativo el recordarlo ahora, cuando se alude tanto a la constitución, y la defensa
a ultranza que realizan algunas personas en cumplirla, no se corresponde el
mismo interés y su defensa de otros muchos de sus artículos y en especial en el
derecho a la vivienda expresado en el artículo 47, que copio literalmente y
ánimo a que todos/as lo leamos con detenimiento y calma: “Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos.”
Cuando se suele aludir a este
artículo lo recordamos para reclamar el derecho a una vivienda digna y adecuada
como indica, pero no es menos importante lo que se dice cuando habla de que la
utilización del suelo se deberá de hacer de acuerdo con el “interés general”
para “impedir la especulación”. O cuando se indica que las plusvalías de la
acción urbanística debe ir dirigida a la comunidad. Porque que poco o nada de
todo esto se realizó durante el llamado boom inmobiliario, la utilización del
suelo fue para el interés de unos pocos, y los miles de millones de plusvalía,
beneficio, fueron a parar a unos pocos bolsillos.
La realidad es que en el primer
trimestre del año 2007 eran 413.300 los hogares que tenían a todos sus miembros
activos en el paro, y en el primer trimestre de este año 2014 esta cifra
asciende ya al 1.978.900 hogares, un incremento del 478,80%, una situación que
parece no tener fin y que echa por tierra el discurso de que la crisis ya ha
pasado. Posiblemente esté pasando en lo macroeconómico, en las grandes cifras
estadísticas, en los resultados de grandes corporaciones empresariales, pero a
costa de posiblemente esa microeconomía que cada vez se encuentra más
arruinada, y que es la que lleva a estas familias a no poder atender la dichosa
hipoteca o a no poder dar de comer a sus hijos. Los desahucios continúan y se
incrementan, la pobreza asciende y el hambre se instaura en nuestros menores, no
hablamos de un país del tercer mundo, estamos hablando de España.
(Publicado en Revista El Observador)
martes, 10 de junio de 2014
Igualdad y justicia social, versus Mundial….
Resulta cuanto menos que
escandalosa la noticia aparecida según la cual, los jugadores de la selección
española “la roja”, cobrarán una prima si ganan el mundial que llegará a los
720.000 euros, donde el total ascendería a 30 millones de euros.
Mientras esta noticia saltaba a
la palestra, esta semana pasada la Defensora del Pueblo solicitaba a las
comunidades autónomas que durante el período de verano, no cerraran los
comedores escolares ante los cerca de tres millones de menores (según Save the
Children), que se encuentran viviendo en riesgo de pobreza y exclusión social.
Para que de ésta manera por lo menos puedan acceder muchos de ellos a una
mínima alimentación.
Aunque leyendo ésta noticia
resulta incomprensible que el 13 de diciembre de 2013, el gobierno anunciara la
aprobación del llamado “Plan de Inclusión Social”, donde se iban a invertir y
copio literal lo que indicaba la nota de prensa: (http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3137)
“93 millones de euros al día” sería bueno preguntar si ya que han pasado 159
días desde el 1 de enero de 2014 ¿en qué se han invertido los 14.787.000.000
millones de euros que corresponden?. Ya
que ese mismo plan establecía una partida extraordinaria de 17.000.000 millones
de euros para luchar contra la pobreza infantil, pero al parecer y como digo
tras haber pasado más de cinco meses, esos 17 millones aún no se han
distribuido entre las comunidades autónomas.
Pero si retrocedemos otra semana,
se publicaban los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida,
correspondiente al año 2013. En ella se volvía a constatar que cada año que
pasa somos más pobres y las desigualdades no hacen sino que incrementarse. Si
en 2008 el ingreso medio por hogar se situaba en 30.045 euros, en 2012 baja a
26.775 euros, un 11% menos. Hagamos un ejercicio de comparación pedagógica, lo
que un jugador de “la roja” cobrará en prima, se corresponde a los ingresos de
27 hogares durante todo un año.
No creo que nadie después de
conocer estos datos y que tenga una mínima sensibilidad, puede aceptar que se
produzcan estos hechos, y si los aceptamos y los justificamos algo grave nos
pasa como sociedad. Ya que nos estamos refiriendo a conceptos como igualdad y
justicia social, elementos básicos para construir una sociedad en donde pongamos
al ser humano en su epicentro. Cuando festejemos los goles, cuando salgamos a
la calle con camisetas alusivas, cuando quedemos con nuestros amigos/as para
ver un partido, cuando se pongan banderas en balcones y ventanas, sería bueno
hacer previamente un ejercicio de reflexión para saber que estamos defendiendo.
(Publicado en Revista El Observador)
miércoles, 28 de mayo de 2014
martes, 20 de mayo de 2014
¿Qué escala de valores estamos construyendo?
Si ha habido una noticia este pasado fin de semana ésta ha sido el final de la liga, no sólo por lo ajustado a la hora de saber quién iba a ganarla: en la última jornada y casi en los últimos minutos, con lo que se ha generado mayor atención y se ha llevado a los altares la gesta y el “heroísmo”.
NI la campaña electoral con todo lo que “dicen” que nos jugamos, y estoy convencido, ha sido capaz de superar a la noticia de la liga. Tanto en los días previos, desde el viernes con programas en radio y televisión, como el sábado y no digamos ya el domingo, la noticia de apertura de todos los telediarios era la victoria del Athletic de Madrid. Personalmente soy deportista de los practicantes, pero no sigo a ningún equipo y me sigo sorprendiendo con lo que veo.
COMIDA en el Ayuntamiento de Barcelona, con los presidentes de los dos equipos que se jugaban la liga, la alcaldesa de Madrid trasladada y me imagino que con todo su séquito. Y hasta el Rey, dicen que llamó al presidente del Athletic para felicitarle, y eso que estaba en Arabia Saudí.
OBVIAMENTE el fútbol sobre todo y algún otro deporte, los menos, mueven masas de personas, de sentimientos, pero sobre todo de intereses económicos, un negocio.
DE pronto se nos olvidaron las cifras de paro, se nos olvidaron los miles de jóvenes que tienen que irse de este país porque este país no es capaz de facilitarles un empleo, los cientos de miles de mayores y discapacitados que viven solos y sin atender por los recortes en la ley de dependencia, los índices de pobreza que se encuentran por las nubes, los menores que salen de su casa sin haber desayunado y llegan con hambre al colegio y sin bocadillo para el recreo. Los desempleados que ya no reciben ni prestación ni subsidio, o sea no disponen de ningún recurso económico, los desahuciados por haber sido muy files a lo que le decía la publicidad cuando fueron a comprar una vivienda: “Nunca ha sido tan fácil regalarte una casa por Navidad”…
CUANDO las máximas autoridades, cuando los grandes medios de comunicación, priorizan una noticia sobre otra debemos de saber que nos están trasladando una escala de valores, donde en este caso el fútbol se ha situado muy por encima de cualquier otro tipo de noticia, donde no habrá problemas para cortar calles, dar permisos de manifestación, de pagar posibles desperfectos urbanos. Muy lejos de los impedimentos cuando estas manifestaciones son para reclamar derechos, cuando es para expresar opiniones contrarias a los que nos gobiernan, en este caso todo son problemas, multas e incluso a veces finales violentos.
CON esta reflexión sólo aspiro a que pensemos en nuestra escala de valores, y el modelo social que estamos construyendo, y si funciona de manera que proporcione los máximos beneficios a todos sus miembros. (Art. 3 Declaración Internacional de principios Éticos del Trabajo Social). Y que no nos asustemos cuando el próximo domingo y según las encuestas, más del 40% posiblemente no irá a votar.
jueves, 17 de abril de 2014
La vivienda, medio e instrumento de inclusión: un derecho
A estas alturas nadie puede poner
en duda que la privación de una vivienda digna se ha de considerar como una de
las manifestaciones más visibles de la pobreza y la exclusión social (Navarro,
2005). Afectando a otros elementos colaterales como el absentismo escolar, la
falta de salud física y psíquica, conflictos familiares, desempleo, etc…
Situándose todos ellos como agravantes en cuanto a costes sociales que inciden
en la vulnerabilidad para iniciar un proceso de exclusión social (Laparra,
2007).
Siendo una responsabilidad de las
administraciones públicas el que los ciudadanos dispongan de una vivienda digna
como derecho, tal y como recuerda el artículo 25 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios ….”, el artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales: “El derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, o el tan
aludido artículo 27 de nuestra Constitución: “Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los
entes públicos.”
Pero esta obligación por parte de
las administraciones viene siendo olvidada y no atendida. En el período 1997 al
2012, se iniciaron en España 6.977.176 viviendas, más de cuatrocientas mil
anuales, de ellas el 86% fueron de promoción libre y tan sólo el 14% de
promoción pública. Según el último censo de viviendas España dispone de más de
veinticinco millones de viviendas, de las que el 14% se encuentran vacías
(3.443.365 viviendas).
Pero no solamente las
administraciones dejaron de lado la función social de la vivienda al no
promocionar éstas con carácter público, haciéndolas accesibles económicamente a
la mayoría de la población, sino que la utilizaron como bien de inversión y de
especulación obteniendo con ello grandes réditos económicos. Por poner un
ejemplo por aquello de que estamos en Málaga, aunque podría ser extrapolado a
cualquier otra provincia de parecidas características, el Ayuntamiento de la
capital realizó una previsión de ingresos en su presupuesto del año 2006 en
aquellos aspectos relacionados con la construcción de más de doscientos once
millones, lo que suponía el 22% del total del presupuesto. En los mismos
conceptos en el presupuesto del año 2013, estos ingresos se redujeron a tan
sólo catorce millones, representando el 2% del total del presupuesto, lo que ha
supuesto una disminución del 93% del año 2006 al año 2013.
Ante esta situación por todos
conocida, la realidad en cuanto a desahucios que se viene viviendo desde el
estallido de la burbuja inmobiliaria, sigue sin ser abordada con los medios y
con la urgencia que se merece. Donde Málaga se sitúa como la primera provincia
andaluza con mayor número de lanzamientos (desahucios) realizados
positivamente, llegando a superar los nueve mil en los últimos seis años, y más
de treinta mil en el conjunto de Andalucía.
De ahí que lo vivido
recientemente en el gobierno andaluz en donde se ha generado todo un conflicto
al más alto nivel a la hora de dar solución a un problema que lleva años sin
abordarse de manera contundente, hace que surjan muchas preguntas para las que
a veces no se encuentran explicaciones.
Los Trabajadores/as Sociales como
profesionales de referencia en los Servicios Sociales, deberíamos de ser y
estar de manera constante alertando y exigiendo respuestas adecuadas a esta
problemática, que sólo pasa por una solución: la existencia de viviendas
suficientes.
Es inasumible que miles de
personas se encuentren en lista de espera que les incapacita a la hora de
desarrollar un proyecto de vida, facilitar alojamiento a sus hijos o a las
puertas de procesos de exclusión. Por lo que es prioritario que se establezcan
objetivos calendarizados donde se ponga fecha a esos cientos de miles de
ciudadanos malagueños y andaluces que esperan una vivienda digna. Que la
vivienda sea considera de una vez por toda como un derecho de ciudadanía y que
como tal sea un instrumento que venga a facilitar cuotas de bienestar social.
Donde su gestión debiera de incorporarse al Sistema Público de Servicios
Sociales, superando otros intereses especulativos y meramente económicos como
hasta ahora ha venido siendo y presumiblemente se quiere continuar que sea.
jueves, 27 de marzo de 2014
Salario Social en Andalucía
EN mi última entrada hablaba de la necesidad urgente de adaptar la actual Ley de Servicios Sociales de Andalucía, ante su obsolescencia, para atajar los problemas reales que en estos momentos, desde un punto de vista de política social con mayúsculas, tiene Andalucía. Esta futura nueva ley no solo vendría actualizar un marco legislativo de hace veintiséis años, sino que todo su proceso de elaboración permitiría un debate y una planificación en cuanto a Servicios Sociales que en estos momentos es inexistente.
PERO si con la ley nos encontramos con un marco general de hace veintiséis años, a la hora de abordar el “Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía”, conocido como el ‘Salario Social’, estamos ante un Decreto (2/1999 de 12 de enero), de hace dieciséis.
LOS problemas sociales son dinámicos y multicausales, de ahí que intervenir en procesos de exclusión social, la vivienda junto al empleo, la formación o el acompañamiento social, se consideran fundamentales (Concurso de Buenas Prácticas. Dubai 1996). Por lo que con buen criterio, el citado programa (salario social), en su definición establece todo un conjunto de acciones y medidas dirigidas en este sentido, aludiendo a: un ingreso mínimo, itinerarios profesionales, medidas educativas y el acceso a la vivienda.
SI le preguntáramos a los 33.068 titulares que durante el año 2012 (último año cuyas estadísticas han sido publicadas), le fue concedido el salario social dígase el ingreso mínimo que ascendió a 400,09 euros, con un incremento de 51,62 euros por cada miembro de la unidad familiar, respecto si recibieron otras medidas de las ya comentadas, nos encontraríamos con que en una gran mayoría brillaron por su ausencia. Donde el incremento de solicitudes presentadas no ha hecho sino que aumentar desde 2007, inicio de la crisis, pasando de 22.566 solicitudes en 2007 a 55.440 solicitudes en 2012, un 146% más.
PERO sí necesaria es la intervención en aspectos como la vivienda, que se convierte en elemento crucial como mecanismo de inclusión activa. El perfil de personas que han solicitado el salario social en cuanto a su formación, debiera hacer reflexionar en las máximas instancias de manera alarmante, para generar actuaciones de carácter urgente. Ya que el 68% se encontraba sin estudios básicos.
NOS encontramos ante una realidad y un panorama muy preocupante que podemos seguir enmascarando con nuevos decretos y/o órdenes para la puesta en marcha de planes de exclusión o inclusión social en Andalucía. Pero lo que se sitúa como urgente es una planificación a largo plazo, con medidas que actúen desde la globalidad en las circunstancias que miles de andaluces y españoles tienen en estos momentos, antes de que se inicien en un proceso de exclusión social. Para entonces ya habremos llegado tarde y los costes tanto económicos como sociales se verán multiplicados.
domingo, 23 de marzo de 2014
¿Tonto?
Iba paseando cuando casi me doy de bruces con una marquesina de las utilizadas para campañas de publicidad. Normalmente no les hago ni caso, será por lo de ahorrar neuronas, pero en ésta ocasión si, e incluso me pare para leer y releer el mensaje "Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto", en este caso ya era una cuestión profesional, era la campaña de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción).
Lo primero que pensé es lo poco acertado del mensaje, a mi modesto entender, pero lo que más me enojó, digamoslo así, era la utilización de la palabra "tonto".
Estoy convencido que lo han hecho con la mejor de las intenciones, pero ¿no había otra palabra para definir lo que querían definir? o es que utilizando ésta palabra era realmente lo que querían transmitir a los más jóvenes.
Para mí la palabra "tonto" es despectiva, y atenta contra las personas que tienen una discapacidad de éstas características. Y el utilizarla en este contexto no viene sino a ponerla en valor entre los más jóvenes, haciéndole un flaco favor a la integración, ya que si hay tontos es porque hay listos.
Yo no sé si soy tonto o listo, o será cuestión de la edad, pero cada vez se me olvidan más cosas....
Lo primero que pensé es lo poco acertado del mensaje, a mi modesto entender, pero lo que más me enojó, digamoslo así, era la utilización de la palabra "tonto".
Estoy convencido que lo han hecho con la mejor de las intenciones, pero ¿no había otra palabra para definir lo que querían definir? o es que utilizando ésta palabra era realmente lo que querían transmitir a los más jóvenes.
Para mí la palabra "tonto" es despectiva, y atenta contra las personas que tienen una discapacidad de éstas características. Y el utilizarla en este contexto no viene sino a ponerla en valor entre los más jóvenes, haciéndole un flaco favor a la integración, ya que si hay tontos es porque hay listos.
Yo no sé si soy tonto o listo, o será cuestión de la edad, pero cada vez se me olvidan más cosas....
domingo, 16 de marzo de 2014
Ante la resignación propuestas
Este fin de semana se ha celebrado la III edición de los Premios de Trabajo Social que a nivel estatal entrega el Consejo General, en esta ocasión los premiados han sido Jordi Evole, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Monserrat Colomer, tres ejemplos de compromiso con la justicia social.
En las palabras que nos dirigió Monserrat Colomer, había un mensaje muy claro, que no bastaba con protestar, con decir lo mal que está todo, con resignarse, sino que todo ello tiene que venir acompañado de propuestas. Palabras muy inteligentes que nos obligan a reflexionar, y nos obligan a mirarnos en lo más interno de nuestro compromiso con la profesión y con los ciudadanos.
En los momentos actuales en donde se encuentran en juego valores y derechos, en donde debemos de situar a las personas por encima de cualquier otros intereses, es el momento del Trabajo Social. Tal y como indica el artículo 5 de nuestro Código Deontológico nuestra disciplina “promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno”, sólo nos resta pasar a la acción, pasar a la propuesta.
miércoles, 5 de marzo de 2014
Ley de Servicios Sociales de Andalucía, veintiséis años después
Tal y como se indica en el titular nos encontramos en la
actualidad con una Ley de Servicios Sociales andaluza (Ley 2/1988, de 4 de
abril), que va a cumplir los veintiséis años desde que se aprobó.
En nuestro Estatuto de Autonomía (art. 61.1), se establece
que la comunidad tiene competencias exclusivas en Servicios Sociales, y de ahí
la necesidad de que exista un marco legal que regule todo el conjunto de
acciones que abarcan lo Servicios Sociales; tanto desde los recursos, los
sectores de intervención, la gestión, etc., que además asegure un desarrollo en
el conjunto de la comunidad, de cara a conseguir las mayores dosis de bienestar
social y calidad de vida entre los andaluces.
El que después de veintiséis años sigamos bajo el paragua de
una ley obsoleta y no adaptada a las nuevas realidades, no permite abordar como
a lo mejor lo hubiera podido haber hecho, modificaciones como las planteadas
por la reforma de la administración local aprobada el pasado mes de diciembre,
y que cambiará la configuración de los servicios sociales tal y como hoy los
conocemos.
Es necesario y urgente que se adapte esta ley, viniendo a
dar garantías al Sistema Público de Servicios Sociales, que no puede seguir
dependiendo a la hora de desarrollar todo su campo de acción de un modelo de
subvenciones anuales, bien sean estas del gobierno central, del autonómico o
del ámbito local, sino que el conjunto de las intervenciones sobre los sectores
que se vienen desarrollando, tienen que tener asegurada sus diferentes
recursos: humanos y financieros de
manera estable y continuada en el tiempo.
El Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, viene
demostrando a través del conjunto de profesionales que lo componen, así como
del resto de entidades y asociaciones que de manera coordinada colaboran, que
ha superado con crece, yo diría que con nota, los retos que día a día se le
plantean a la hora de abordar las diferentes problemática sociales y/o
intervenir para que estas no se produzcan. Según la última memoria del Plan
Concertado publicada por el Ministerio (año 2011), cada Centro de Servicios
Sociales como puerta de entrada al Sistema Público, tenía un ratio de población
a atender que ascendía a las 34.448 personas en Andalucía, donde fueron
atendidas un millón de personas.
Nadie a estas alturas pone en duda la necesidad de que
exista el Sistema Público de Servicios Sociales, aunque aún nos queda mucho
camino por recorrer para seguir eliminando clichés de otras épocas, para que no
se siga primando la beneficencia y las obras de caridad de manera encubierta,
sino que aceptemos de una vez por toda los Derechos Sociales que tiene la
ciudadanía. Independientemente de que puedan existir colectivos que de manera
altruista y benefactora, quieran desarrollar otras actividades, pero sin que
éstas se confundan o vengan a suprir los Servicios Sociales. Esta circunstancia
es otra más para ahondar en la necesidad de la nueva ley que venga a definir de
manera muy clara los Derechos Sociales de carácter subjetivo, que como
ciudadanos deberíamos de tener, donde elementos como la vivienda, el empleo o
una renta básica, se sitúan claves en cualquier proceso de inclusión social. Y
por tanto tienen que ser objeto de desarrollo en esa futura, esperemos muy
próxima, nueva ley de Servicios Sociales de Andalucía.
viernes, 24 de enero de 2014
Precariedad
Mucho se viene hablando y más se va a seguir hablando, estoy convencido, del concepto precariedad cuando nos referimos al ámbito laboral. Creo que es un buen ejercicio concretar términos en su definición exacta, de ahí que si buscamos el concepto de precariedad nos encontramos con: “Inestable, inseguro o escaso”, “Cesión del uso de una cosa revocable a voluntad del dueño de la misma”. Podríamos concretar en una situación y/o un hecho que no está seguro y que depende de la voluntad de otro.
Partiendo de esta definición puedo afirmar que el Sistema de Servicios Sociales en España es un sistema PRECARIO. Pero como alguien podría pensar que soy muy alarmista o simplemente que no llevo razón, esta reflexión la voy a soportar en elementos empíricos difícilmente de rebatir a no ser que las memorias del Plan Concertado de Servicios Sociales publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no sean cierta.
Como digo según estas memorias, por cierto la última publicada es del año 2011 algo sorprendente que en la era de la tecnología se vaya con dos años de retraso. Pero vayamos a lo que vamos, el personal que se encontraba en plantilla era del 24,84%, el resto un 75,16% estaba sujeto a programas que bien se pueden continuar o simplemente desaparecen de un plumazo. Pero si esto puede ser sorprendente, en el año 2006 la proporción era de un 38% en plantilla y un 62% sujeto a programas, como se suele decir vamos para atrás como los cangrejos. En estos cinco años el personal de plantilla ha disminuido en casi doce puntos.
Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el reciente programa, definámoslo así, que se ha renovado el pasado catorce de enero para que los ayuntamientos de más de veinte mil habitantes y las diputaciones, puedan seguir contratando lo que se denominó en el año 2006 refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios de cara a la implantación de la ley de dependencia, situación que afecta a doscientos sesenta y ocho trabajadores sociales en toda Andalucía.
Pero podríamos pensar que esto es así porque las personas atendidas o el trabajo realizado no es suficiente, vayamos nuevamente a los datos. En el año 2006 se atendieron en los Centros de Servicios Sociales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en toda España, a 4.674.430 personas, en el año 2011 se atendieron a 6.874.352 personas, un incremento de más de dos millones doscientas mil personas atendidas, un 47%
Realmente se hace necesario dotar al Sistema de Servicios Sociales, no sólo de recursos materiales y económicos suficientes, sino de recursos humanos que de manera estable y continuada desarrollen su labor de interventores sociales en sus diferentes funciones. Mientras tanto estaremos a expensas de “la voluntad del dueño”, recordando la definición de precariedad, en este caso entendamos dueño como el equipo de Gobierno que se sitúa en cada administración en donde su implicación mayor o menor en el Sistema de Servicios Sociales sigue estando bajo la deriva de motivaciones personales, en muchos de los casos asistencialistas, más que desde el concepto de derecho de ciudadanía.
Por ello desde estas líneas se hace obligatorio hacer un llamamiento a la propuesta lanzada por el Consejo General de Colegios Profesionales de Trabajo Social, acordada en el último Congreso celebrado en Málaga, para que se realice una modificación constitucional en donde se incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar.
Para firmar pincha AQUI
Partiendo de esta definición puedo afirmar que el Sistema de Servicios Sociales en España es un sistema PRECARIO. Pero como alguien podría pensar que soy muy alarmista o simplemente que no llevo razón, esta reflexión la voy a soportar en elementos empíricos difícilmente de rebatir a no ser que las memorias del Plan Concertado de Servicios Sociales publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no sean cierta.
Como digo según estas memorias, por cierto la última publicada es del año 2011 algo sorprendente que en la era de la tecnología se vaya con dos años de retraso. Pero vayamos a lo que vamos, el personal que se encontraba en plantilla era del 24,84%, el resto un 75,16% estaba sujeto a programas que bien se pueden continuar o simplemente desaparecen de un plumazo. Pero si esto puede ser sorprendente, en el año 2006 la proporción era de un 38% en plantilla y un 62% sujeto a programas, como se suele decir vamos para atrás como los cangrejos. En estos cinco años el personal de plantilla ha disminuido en casi doce puntos.
Un buen ejemplo de esto lo tenemos en el reciente programa, definámoslo así, que se ha renovado el pasado catorce de enero para que los ayuntamientos de más de veinte mil habitantes y las diputaciones, puedan seguir contratando lo que se denominó en el año 2006 refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios de cara a la implantación de la ley de dependencia, situación que afecta a doscientos sesenta y ocho trabajadores sociales en toda Andalucía.
Pero podríamos pensar que esto es así porque las personas atendidas o el trabajo realizado no es suficiente, vayamos nuevamente a los datos. En el año 2006 se atendieron en los Centros de Servicios Sociales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en toda España, a 4.674.430 personas, en el año 2011 se atendieron a 6.874.352 personas, un incremento de más de dos millones doscientas mil personas atendidas, un 47%
Realmente se hace necesario dotar al Sistema de Servicios Sociales, no sólo de recursos materiales y económicos suficientes, sino de recursos humanos que de manera estable y continuada desarrollen su labor de interventores sociales en sus diferentes funciones. Mientras tanto estaremos a expensas de “la voluntad del dueño”, recordando la definición de precariedad, en este caso entendamos dueño como el equipo de Gobierno que se sitúa en cada administración en donde su implicación mayor o menor en el Sistema de Servicios Sociales sigue estando bajo la deriva de motivaciones personales, en muchos de los casos asistencialistas, más que desde el concepto de derecho de ciudadanía.
Por ello desde estas líneas se hace obligatorio hacer un llamamiento a la propuesta lanzada por el Consejo General de Colegios Profesionales de Trabajo Social, acordada en el último Congreso celebrado en Málaga, para que se realice una modificación constitucional en donde se incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar.
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