EN mi última entrada hablaba de la necesidad urgente de adaptar la actual Ley de Servicios Sociales de Andalucía, ante su obsolescencia, para atajar los problemas reales que en estos momentos, desde un punto de vista de política social con mayúsculas, tiene Andalucía. Esta futura nueva ley no solo vendría actualizar un marco legislativo de hace veintiséis años, sino que todo su proceso de elaboración permitiría un debate y una planificación en cuanto a Servicios Sociales que en estos momentos es inexistente.
PERO si con la ley nos encontramos con un marco general de hace veintiséis años, a la hora de abordar el “Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía”, conocido como el ‘Salario Social’, estamos ante un Decreto (2/1999 de 12 de enero), de hace dieciséis.
LOS problemas sociales son dinámicos y multicausales, de ahí que intervenir en procesos de exclusión social, la vivienda junto al empleo, la formación o el acompañamiento social, se consideran fundamentales (Concurso de Buenas Prácticas. Dubai 1996). Por lo que con buen criterio, el citado programa (salario social), en su definición establece todo un conjunto de acciones y medidas dirigidas en este sentido, aludiendo a: un ingreso mínimo, itinerarios profesionales, medidas educativas y el acceso a la vivienda.
SI le preguntáramos a los 33.068 titulares que durante el año 2012 (último año cuyas estadísticas han sido publicadas), le fue concedido el salario social dígase el ingreso mínimo que ascendió a 400,09 euros, con un incremento de 51,62 euros por cada miembro de la unidad familiar, respecto si recibieron otras medidas de las ya comentadas, nos encontraríamos con que en una gran mayoría brillaron por su ausencia. Donde el incremento de solicitudes presentadas no ha hecho sino que aumentar desde 2007, inicio de la crisis, pasando de 22.566 solicitudes en 2007 a 55.440 solicitudes en 2012, un 146% más.
PERO sí necesaria es la intervención en aspectos como la vivienda, que se convierte en elemento crucial como mecanismo de inclusión activa. El perfil de personas que han solicitado el salario social en cuanto a su formación, debiera hacer reflexionar en las máximas instancias de manera alarmante, para generar actuaciones de carácter urgente. Ya que el 68% se encontraba sin estudios básicos.
NOS encontramos ante una realidad y un panorama muy preocupante que podemos seguir enmascarando con nuevos decretos y/o órdenes para la puesta en marcha de planes de exclusión o inclusión social en Andalucía. Pero lo que se sitúa como urgente es una planificación a largo plazo, con medidas que actúen desde la globalidad en las circunstancias que miles de andaluces y españoles tienen en estos momentos, antes de que se inicien en un proceso de exclusión social. Para entonces ya habremos llegado tarde y los costes tanto económicos como sociales se verán multiplicados.
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